LA SOMBRA DEL AUTORITARISMO

“Un pueblo habituado durante largo tiempo a un régimen duro pierde gradualmente la noción misma de libertad”. Jonathan Swift [Escritor (1667-1745)]
George Orwell, en su novela “Rebelión en la granja” (Animal Farm en inglés), narra cómo los animales de una granja toman el poder, embanderados en la lucha contra los humanos que los explotan; logran echar al granjero Jones e instauran un régimen de iguales, manejados por los cerdos; pero luego vemos cómo los cerdos son corrompidos por el poder cuando van oprimiendo más a los demás animales.
Este resumen del libro —que por cierto es de muy recomendable lectura— intenta ilustrar una preocupación que se está viendo a lo largo del mundo, debido a la situación excepcional producto de la Covid-19, con los gobiernos que se invisten de poderes extraordinarios, acompañado con una falta de control por parte de los otros poderes (legislativo y judicial).
Quisiera poner foco en nuestro país: desde el comienzo de la cuarentena pasó inadvertido, o tal vez se vio y no se quiso hacer nada, que tanto el Congreso como el Poder Judicial decidieron cerrar sus puertas dejando las manos libres al Gobierno Nacional para que haga y deshaga a su antojo —hasta ahora deberíamos sentirnos “afortunados” que no se tomaron medidas alocadas o del todo autoritarias—.
Esta situación debería, al menos, movernos a la preocupación, hace más de dos meses que en Argentina la vida y los bienes de las personas están reguladas por Decretos de Necesidad y Urgencia, sin que la Comisión Bicameral de Seguimiento de DNU ni los juzgados estén presentes para ejercer el control sobre el Poder Ejecutivo que la Constitución Nacional exige.
Además, se usó como herramienta para controlar el comportamiento de las personas el infundirles miedo para que no contradigan las constantes restricciones a la libertad, y lejos de observar una crítica a la medida, las personas insultan a quienes son descubiertos ejerciendo un derecho constitucional: el de circular libremente por el territorio argentino, como si esa persona pudiera infectar a toda la población de Argentina.
Si se lo piensa esta herramienta es la más efectiva, las últimas encuestas publicadas por los medios de comunicación indican que un 70% de las personas está de acuerdo en seguir en cuarentena contra un 25% que está en contra y un 5% que no se define. De estos números podemos inferir que las personas tienen más miedo a contagiarse del virus que de perder el trabajo, o de ver disminuidos sus ingresos.
Al momento de escribir este ensayo el Gobierno Nacional está reunido para definir los lineamientos de lo que sería una nueva cuarentena de 15 días, que supuestamente terminaría el 10 de mayo próximo, pero con la posibilidad de que las provincias vayan autorizando la reapertura de determinadas actividades.
Tan mansamente la gente permitió que se le restrinja la libertad con el mantra “el Estado te cuida” que posiblemente se haya instalado —como si fuera el caballo de Troya— una situación de autoritarismo blando, en donde nos encontramos con: un líder (el presidente), un grupo de notables (los médicos infectólogos) y los ministros que rubrican con su firma las decisiones que toma el líder.
Nótese que las decisiones que se toman no son consensuadas, a mayor abundamiento, las provincias deben elevar al Jefe de Gabinete las actividades que entienden pueden volver a trabajar, pero la última palabra la tiene el Gobierno Nacional; tampoco son escuchados profesionales de otras ciencias (economía, matemáticas, derecho) para tomar en cuenta cómo impactan las soluciones dadas por los expertos en todos los aspectos de la vida de las personas y en la economía del país; por lo tanto, sólo es escuchada una campana, la de los infectólogos, que aparentemente sólo se limita a correr el pico máximo de contagios en el tiempo sin tener una certeza sobre los números reales de infectados y muertos por el virus y, en consecuencia, extender la cuarentena de manera indeterminada.
Aún con todas las restricciones impuestas, y desde el momento en que se impuso el uso obligatorio de cubrebocas, las personas empezaron a salir, movidos más por la necesidad de procurarse un sustento, como por la necesidad de salir del encierro de sus casas y retomar algo de aquella normalidad perdida.
Sin embargo, podemos leer en los diarios electrónicos que el Gobierno amenazó con una vuelta a la cuarentena total en el caso que se constate un incremento en el número de personas infectadas; vemos cómo se utiliza nuevamente el factor miedo para coartar psicológicamente la libertad de las personas y lograr el consenso necesario, aún cuando esa decisión provoque un daño irreversible en lo social y económico.
Otra muestra de autoritarismo la dio el Ministerio de Seguridad, que lanzó un programa de “cyberpatrullaje” para combatir aquellas publicaciones en redes sociales que afecten el “humor social” —si usted lector sabe definirlo no dude en decirmelo porque hasta el momento no supe a qué se refiere—, este término tan confuso y con múltiples interpretaciones lleva a pensar que es un eufemismo para nombrar a un control férreo de todo aquello que cuestione el relato oficial, violando de esta manera el derecho a la libertad de expresión, que ya está regulado, tiene su proceso, tiene fijada una sanción, y no se necesita de nuevos controles.
Otro ejemplo se vio con la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los adultos mayores soliciten un permiso para circular, otro avance contra los derechos individuales. Por suerte, un juez declaró inconstitucional esta medida, basado en la discriminación en razón de la edad y la vulneración de los derechos de las personas. Quiero ser claro, las personas mayores de 70 años son grupo de riesgo, en todos los países se impuso un encierro preventivo de este grupo etario y está bien cuidarlos; pero no puedo aceptar que se llegue a los extremos de dirigir la vida de las personas según el parecer de algún desconocido.
Para ir terminando, las autoridades políticas de cualquier país, por más democrática que sea la sociedad, se ven tentados siempre a tener más poder en sus manos que aquél dado por la constitución del país; por eso, los otros poderes primero, y los ciudadanos después, deben poner el foco en todas las medidas adoptadas por la máxima autoridad, para así evitar los abusos y excesos en el ejercicio de la autoridad.
Gracias por haber leído este ensayo. Los invito a dejar sus opiniones en la caja de abajo para enriquecer el debate de ideas.
Hasta el próximo posteo.
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