¿GOBIERNO DE CIENTÍFICOS O MÁS DE LO MISMO?

“La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”. Ludwig von Mises

El filósofo Platón, hace 2.400 años imaginó una sociedad gobernada por filósofos, es decir, personas sabias y virtuosas ya que entendía que ellos eran los mejores preparados para reglar la vida de la misma. Esta utopía se encuentra en el ánimo de todas las personas, pero lamentablemente queda en eso, en un expresión de deseo.

Cuando habían pasado unos días de la toma de posesión de la magistratura el presidente Alberto Fernández, para destacarse del gobierno anterior, dijo que “este no es un gobierno de CEOs, es un gobierno de científicos”, dando a entender que quienes forman su gabinete tienen una formación educativa y una experiencia amplia para gestionar lo público.

A poco de andar, y con motivo de la Covid-19, cuando se requería de la toma de medidas eficaces y rápidas, empezaron a verse los primeros signos que no había “científicos” en el gobierno; a modo de ejemplo: el ministro de salud pasó de no darle importancia al virus que ya se estaba extendiendo por varios países, a tomar decisiones erráticas, a directamente declarar una cuarentena horizontal, paralizando prácticamente toda la actividad económica, cuyas consecuencias las veremos en el futuro.

En esta semana nos enteramos, gracias al trabajo del periodista Diego Cabot del Diario La Nación, que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, politólogo, licitó la compra de alimentos destinados a las personas en emergencia alimentaria debido a la situación excepcional que estamos pasando y que, comparando los precios acordados con el proveedor del Estado y los precios de lista de un comercio cualquiera, suponía un sobreprecio equivalente al 20% o incluso al 85%. Estas diferencias le costaron al Gobierno de Fernández una suma aproximada a $68.000.000 (casi 830.000 dólares), en un momento en donde cada centavo debiera ser cuidado.

Si quieren saber más en detalle los precios, los alimentos pagados con sobreprecio, etc., les dejo el link del artículo: https://www.lanacion.com.ar/economia/coronavirus-polemica-compra-alimentos-del-gobierno-precios-nid2351250.

Luego de conocida la noticia comenzó una cadena de excusas y lo que comúnmente se llama “pase de facturas”, algunas frases son dignas de un sainete: 

• Arroyo dijo: “... Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí, pero decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia...”, desde cuando un Gobierno en una licitación “pide”, generalmente se fijan las condiciones y si no se cumplen se pueden hacer dos cosas, declarar desierto la licitación, o bien ampliar la licitación a otras empresas, buscando el mejor precio; ¿qué se hizo?, todo lo contrario, se pagó un precio elevado.

• El presidente mismo dijo: “la cartelización de sectores que ni siquiera en medio de esta situación son capaces de flexibilizar las posiciones”, en este punto ya no se si estamos viendo a quien debería tener todas las herramientas necesarias para cuidar el erario público, o estamos ante un almacenero de barrio que si no paga no le bajan la mercadería, se los dejo como inquietud.

• Obviamente, no faltó la frase de rigor por parte del presidente: “no apañaré a corruptos en mi gobierno”; tal vez en otros países no haga falta decirlo, porque se sabe que está implícito en la forma de conducir un gobierno, pero acá, en Peronia, esa frase es dicha a cada rato, porque a cada rato se conoce un caso nuevo de corrupción.

Lo increíble es haber escuchado a periodistas o gente decir que el ministro es una persona de bien, que no es corrupto,etc.; pues bien, en el derecho existe el principio de inocencia, pero permítanme que en el caso de los funcionarios públicos aplique el principio de inversión de la carga de la prueba, es decir, que sean ellos los que deban probar que sus acciones fueron hechas conforme a derecho. Aclaro que es sólo una declaración de deseo.

Quien llegue a este punto de lectura pensará con mucho tino: “pero esto pasó en todos los gobiernos”, y querido lector/a tiene usted toda la razón, lamentablemente vivimos en un país en donde los sobreprecios, las coimas, los negociados cruzados forman parte de nuestra vida cotidiana, ahora yo les pregunto: ¿No es momento de levantar la vara y empezar a pedir a nuestros gobernantes que se terminen con estas prácticas y que existan penalidades agravada para los casos de corrupción? 

Al momento de finalizar este ensayo, nos enteramos que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la antropóloga Sabina Frederic se informaba la creación de “ciberpatrullas”, cuya finalidad es la de buscar posteos en las redes sociales para “anticiparse a una dimensión del humor social”, lo que está entre comillas es textual lo que dijo la ministra.

Si a los que decíamos que hay que estar atentos a los rasgos autoritarios del gobierno nos tildaban de locos o conspiradores, quiero que esas mismas personas me expliquen si esa ambigüedad de palabras no encierran una censura y una persecución contra aquellos que destapan negociados, torpezas y atropellos por parte del Gobierno nacional.

Sinceramente deseo que sólo sea un malentendido y que realmente se sancionen a aquellos que replican las denominadas “fake news” que lleven inquietud a las personas, pero aún así, es un atropello a la libertad de expresión, reconocida por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, la línea entre el respeto de la legalidad y el autoritarismo es muy fina, y cualquier traspié hace que se caiga en autoritarismo. 

Por favor, les pido a quienes leen estas líneas que estemos atentos y denunciemos los atropellos a los derechos fundamentales.

Gracias por haber leído este ensayo. Los invito a dejar sus opiniones en la caja de abajo para enriquecer el debate de ideas.

Hasta el próximo posteo.